Miguel Barbosa: opacidad en los contratos de obra pública

Por Itzel Ríos

Este ejercicio de revisión y rendición de cuentas comenzó con el trabajo ya publicado “Interinato, el negocio perfecto. Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido” en 2020. Ahí se mostró una serie de problemas relativos a los procesos de contrataciones, su opacidad y el uso de empresas fantasmas para ejercer una parte del presupuesto estatal.

Este nuevo reporte considera la adjudicación directa de contratos con montos por encima de lo que establece la ley y la falta de transparencia en el proceso de administración de las licitaciones en el ejercicio del gasto público en el gobierno del estado de Puebla en los años 2019 y 2020. Esta caracterización es agravada en la revisión de los contratos que 21 dependencias y entidades gubernamentales han relacionado con la emergencia desatada por la pandemia en el último año.

Casi sin distingos,  las 17 secretarías llamadas “dependencias” y los 24 organismos públicos descentralizados llamados “entidades”, han incurrido en hechos que deben subrayarse. Al menos 3,882.8 millones de pesos han sido contratados en estos dos años por la figura de “adjudicación directa”, sin que medie competencia alguna entre empresas prestadoras de servicios, y siempre bajo un espeso manto de disposiciones legales e incumplimiento de las normas de transparencia en los que se funda la discrecionalidad de los funcionarios públicos que firman los contratos. En lo que va del 2020 sólo uno de cada cinco pesos contratados por las dependencias fueron por la vía de la licitación. Para el caso de las entidades, dos de cada tres pesos contratados se fueron por la vía de la adjudicación directa.

Sin embargo, sí existen algunas correspondencias que se ven más acentuadas en los estados que tienen mayores porcentajes de corrupción, un menor PIB per cápita y altos porcentajes de pobreza y pobreza extrema.

El haber incluido como medidas de la corrupción, tanto los porcentajes de percepción de su frecuencia como las tasas de prevalencia del cohecho, nos ha permitido identificar a estados que presentan síntomas graves ya sea de la grande o de la “pequeña corrupción”.

Queda claro que los estados con menor PIB per cápita y mayores porcentajes de pobreza tienen también preocupantes índices de corrupción, independientemente si existe o no una relación de causalidad.

En el caso de Puebla, el tener un alto porcentaje de percepción de existencia de hechos de corrupción y una alta tasa de prevalencia junto con los altos índices de pobreza lo pone en la urgente necesidad de prevenir, detectar, investigar y sancionar tanto la corrupción “a gran escala” como la “mordida”.