Interinato

203 millones de pesos a obras y empresas fantasmas

Interinato, el negocio perfecto: Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido

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Itzel Jiménez Ríos                

Los gobiernos en México se han caracterizado por sus altos niveles de corrupción; en los últimos años se puede hacer referencia a múltiples investigaciones periodísticas que desnudan entramados de corrupción gubernamental y complicidad privada. A pesar de la relevancia que estos trabajos han tenido en la vida pública nacional, los gobiernos estatales han logrado operar con una opacidad indignante. El estado de Puebla es un caso paradigmático de la extracción de recursos públicos. Tan sólo en 6 meses, tiempo que duró el gobierno interino encabezado por Guillermo Pacheco Pulido, seis empresas ingresaron un total de 203 millones de pesos por contratos relativos a obras públicas que nunca se realizaron. Es decir, que sólo en medio año, los responsables de uno de los atracos más veloces de la entidad, lograron extraer el equivalente de 2.5 veces el presupuesto del “Plan Nacional de Reconstrucción” para Puebla.  Además, se encontraron irregularidades por más 318 millones 546 mil pesos. Este mecanismo de saqueo, aunque no es nuevo, fue ocupado en exceso por un gobierno que no fue electo popularmente, pero que infló el bolsillo de personas que hicieron el negocio perfecto con el interinato.

De enero a julio de 2019, durante el gobierno interino del estado de Puebla, se pagaron alrededor de 203 millones de pesos con recursos para obra pública a empresas fantasmas y por obras inexistentes. Además, se otorgó un contrato por más de 270 millones de pesos a Constructora Urbaniq, S.A. de C.V. –empresa cuyo domicilio es inexistente–, por arreglos al Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla. Estas irregularidades son posibles debido a la complicidad o ausencia gubernamental, pues además de una red de empresas fachada, el Estado pagó casi 48 millones de pesos por obras inconclusas que el nuevo gobierno tuvo a bien suspender.

Todo esto lo prueban documentos oficiales de las 26 licitaciones que por un monto de 1,117 millones de pesos se ejercieron en los primeros meses del 2019.

En octubre del año pasado la Secretaría de la Función Pública inició la investigación por la aplicación presuntamente irregular  de 196 millones de pesos (El Universal). Sin embargo, hemos descubierto que los fondos malversados son mayores y que, además, varias de las empresas participantes en las licitaciones realizadas bajo el mandato de Guillermo Pacheco Pulido se encuentran en situación irregular.

La actual Secretaría de la Función Pública del gobierno de Luis Miguel Barbosa debe explicar a la ciudadanía poblana lo ocurrido con por lo menos 521 millones de pesos que fueron ejercidos en obra pública durante los seis meses que duró la administración del gobierno interino a cargo de Guillermo Pacheco Pulido. La absoluta inactividad de las autoridades encargadas de inspeccionar y auditar el gasto público evidencia importantes niveles de ineficiencia, o bien, una falta de voluntad para cumplir con sus funciones y escudriñar cómo, dónde y por qué se ejercieron esos montos de dinero.

De las 26 empresas beneficiadas en las licitaciones efectuadas durante el interinato, nueve también celebraron contratos con la administración del exgobernador Antonio Gali Fallad, que en conjunto equivalieron a 77 millones de pesos. De esas nueve, tres: Consorcio Constructor Ríos Alseseca, S.A. de C.V., Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, S.A. de C.V. y Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V., presentan irregularidades domiciliarias y las obras que debían realizar fueron cobradas, pero no existen.

En abril de cada año los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer pública la cuenta del ejercicio fiscal anterior. Si bien el 20 de abril de este año, en concordancia con lo dispuesto por la ley, se hizo pública la cuenta del ejercicio fiscal de 2019, los estados financieros se presentaron incompletos. El gobierno del estado no nos revela, como es su obligación, el gasto devengado en el año 2019, tal como se muestra en los documentos oficiales adjuntos. Por esta razón, no podemos saber con seguridad todo el dinero que salió de las arcas públicas.

PCCI, a través de solicitudes de información, tuvo acceso a documentos oficiales de ayuntamientos en cuyos territorios se localizaron los proyectos de obra. Estos documentos muestran que muchas de estas obras ni siquiera se realizaron, así como que existen irregularidades en la celebración de contratos, mismas que ponen en tela de juicio la legalidad de estos procesos. Oficios firmados por servidores públicos que acreditan obras y empresas inexistentes, adelantos pagados para obras canceladas y gasto público sin auditar son tan sólo algunos de los incidentes que se presentaron en estos lucrativos seis meses de gobierno.

Anexo 26

Pacheco Pulido, el padrino del priísmo poblano

No podemos entender lo ocurrido sin plantear para el análisis, tanto la coyuntura en la que se produjo este latrocinio, como el perfil del personaje político al frente del gobierno del estado de Puebla. Tras el trágico fallecimiento de la gobernadora en funciones, Martha Érika Alonso, un político priísta de la vieja guardia, Guillermo Pacheco Pulido, fue elegido por el Congreso del Estado de Puebla como gobernador interino. El abogado Pacheco Pulido es una de las figuras históricas del viejo PRI poblano, sobreviviente de la debacle priísta de 2010. El congreso encargado de nombrarlo es el mismo que actualmente se encuentra en funciones, electo en las elecciones de julio de 2018 y conformado por 14 diputados de Morena, 7 del PAN, 5 del PT, 4 del PRI, 3 del PES, 2 de MC, 2 del PANAL, 1 del PVEM y 1 más de PCPP.  A pesar del amplio espectro partidista que el congreso presenta, llama la atención que su candidatura fue aprobada por 40 votos a favor y una abstención. Es decir, no parece haber habido ningún tipo de resistencia en torno a su investidura.

Guillermo Pacheco Pulido tiene una larga historia: es uno de los más importantes políticos en la era de la hegemonía priísta en el estado de Puebla, junto con Melquiades Morales y el hoy funcionario de la 4T, Manuel Bartlett. Fue presidente municipal de Puebla capital de 1987 a 1990, y en las décadas siguientes se plantó como la cabeza del poder judicial en el estado al desempeñarse como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eterno precandidato a la gubernatura por su partido, vio pasar los periodos de Manuel Bartlett, Morales Flores y Mario Marín. Disciplinado, nunca hizo mayor aspaviento ni reclamo público, y hábil, como abogado y juez, logró construir una red de alianzas y amistades con las que confirmó un lugar destacado en la vida política y empresarial de Puebla. Así que contempló desde la barrera la debacle de su partido en las elecciones del 2010 y 2016 sin que el colapso del PRI abollara su propia trayectoria. En todos esos años confirmaría su participación como abogado en negocios de toda índole, pero en especial los inmobiliarios, como consuegro del empresario constructor Julián Ventosa Aguilera y desde la actividad de sus hijos de apellidos Pacheco Pensado. Pero su oportunidad política llegaría de manera inesperada tras el helicopterazo del 24 de diciembre de 2018, que hizo necesario un periodo interino que convocara a nuevas elecciones. En la coyuntura de la crisis política en ese mes de enero de 2019, su figura apareció como alternativa para los grupos que se enfrentaron por la sucesión en Puebla, y la alianza que lograron en su momento personajes y grupos de poder reconocidos como priístas o morenovallistas en fuga, corrientes vinculadas al abigarrado movimiento que en Puebla llamamos Morena. Su nombramiento como interino confirmó, en particular, su alianza con el actual gobernador Miguel Barbosa.

 

Las licitaciones

Durante años las licitaciones y, en concreto, el ejercicio del presupuesto para la ejecución de obras públicas, han sido un mecanismo recurrente para la desviación masiva de recursos, debido a que la construcción implica el movimiento de mucho dinero y permite a los funcionarios y empresarios coludirse en las adjudicaciones para realizar trabajos baratos a costos inflados. “Haz obra que algo sobra”, decía la vieja consigna de los tiempos priístas.

En estas circunstancias se cometen delitos como cohecho, peculado o malversación de recursos públicos, tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, previstos todos en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Durante el interinato se llevaron a cabo 26 licitaciones por un valor total de 1,117 millones de pesos. El gobierno interino debe rendir cuentas de casi la mitad del recurso utilizado en estos seis meses de gestión. Obras públicas realizadas en 63 municipios distintos, con concurso entre más de 100 empresas, y desviaciones que pasaron desapercibidas para los poblanos.

Tabla 1

Las licitaciones realizadas en este periodo fueron publicadas en periodos cortos que dificultaron la participación de varias empresas. La convocatoria que menos tiempo estuvo publicada duró cuatro días y la que más no rebasó los ocho. Como es natural, este tiempo es muy corto para que las empresas que deseen concursar puedan presentar una cotización para esos proyectos millonarios. Muchas organizaciones han tomado como referencia el tiempo que se publica una convocatoria de licitación para saber qué tan transparente es, pues la práctica común es la de abrir el concurso muy poco tiempo, para que sólo participen las empresas previamente apalabradas.

La punta de lanza de nuestra investigación fue una serie de contratos que compartían las siguientes características:

• Terminación anticipada de una obra que cuya realización se había planeado para un lapso de tiempo mucho mayor.
• Liquidación de la obra pocos días antes de que entrara en funciones el nuevo gobernador.
• Realización de obras en municipios.
• Objeto de la obra derivado de fenómenos meteorológicos.
• Contratos que no expresaban ubicación o localización exacta de la obra, ni el monto individual de la misma por municipio.

Estas particularidades nos dan margen para suponer que se concluyó y pagó el trabajo antes del cambio de administración con el objetivo de extraer recursos públicos sin la tensión que implica la transición a un nuevo gobierno. Esta tendencia la poseen las siguientes empresas

 

Los derrumbes y deslaves en época de sequía

Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V.

La empresa fue creada en 2013 y ha tenido varias contrataciones en diferentes gobiernos, entre estas destaca la ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Acatepec (San Antonio), municipio de Zoquitlán, en 2014. También celebró un contrato para el municipio Corregidora, Querétaro, en noviembre de 2016, y apenas en 2018 realizó un último contrato con el gobierno del estado de Puebla para la Remodelación de la Casa del Estudiante del DIF Estatal, ubicada en el municipio de Puebla, por poco más de dos millones de pesos.

Existen algunas características de la empresa que nos hacen presumir su ilegalidad. La primera, que es de muy reciente creación. Fue fundada el 10 de enero de 2013 y sólo tres años después había aumentado su capital social de manera importante. Otra situación es el hecho de que uno de sus socios accionistas, Carlos Cuéllar Moreno, es también dueño de la empresa Jiménez y Cuéllar Asociados, S.A. de C.V., que también se vio beneficiada con las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido.

En el contrato de obra pública con Beresmo Constructora y Urbanizadora, realizado el 18 de junio de 2019 se menciona que el domicilio fiscal de Beresmo Constructora es el ubicado en calle 5 poniente 127 B, Chipilo de Francisco de Xavier Mina, San Gregorio de Atzompa, Puebla. C.P. 74325; sin embargo, al acudir a dicho domicilio nos percatamos que la empresa no se ubica en ese lugar. Testimonios de vecinos aseguran que no existe ningún señalamiento con el nombre de la constructora a la que se hace referencia, y al intentar comunicarnos con dicha empresa para una entrevista acerca de las supuestas obras que llevaron a cabo, nos expresaron que responderían la llamada, algo que no ocurrió.

Esta empresa fue responsable de la reconstrucción de derrumbes en los municipios de Huehuetlán el Grande, Xicotepec, Coxcatlán, Nopalucan, Tlaxco, Zacapala, Puebla, Victoria y Hueytlapan en el estado de Puebla. Cuando pedimos más información acerca de dichas reconstrucciones, presuntamente llevadas a cabo entre el 19 de junio y el 5 de julio de 2019, los municipios de Coxcatlán, Huehuetlán el Grande, Guadalupe Victoria y Hueytlapan nos confirmaron que las obras nunca se realizaron. Sin embargo, el 5 de Julio de 2019 estas se liquidaron por un total de 39 millones 211 mil 316 pesos.

Anexo 1/ Anexo 2/ Anexo 3/ Anexo 5

Anexo 4

 

Consorcio Constructor Ríos Alseseca, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Ríos Alseseca, S.A. de C.V. se creó en 2012, sus socios accionistas son Gabriela Méndez Balderas, Eduardo Hernández Cerón y Bruno Téllez Martínez. Actualmente, la empresa se encuentra dada de alta en el padrón de proveedores del municipio de San Andrés Cholula y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Esta empresa celebró un contrato con el gobierno del estado en el año 2016 y otro más con la BUAP en 2018. Bajo la administración del gobierno interino se le asignaron dos obras públicas, una por 48 millones y otra por 7 millones. La primera fue la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes y deslaves en 27 caminos estatales, ubicados en los municipios de Huehuetlán El Grande, Coxcatlán, Nopalucan, Zoquitlán, Acatlán, Zautla, Puebla, Zacapala, Tlacuilotepec, San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Tlapacoya, Tlaola, Chiahutla, Ixcamilpa De Guerrero, Zapotitlán de Méndez, Xochitlán de Vicente Suárez, Tetela de Ocampo en el estado de Puebla.

El pago de la obra, por un monto de 48 millones 416 mil 109 pesos, se realizó el 21 de junio de 2019; sin embargo, cuando PCCI pidió información a los beneficiados por la supuesta apertura de esos pasos colapsados, los municipios de Coxcatlán, Huehuetlán El Grande, Ixcamilpa, Tlapacoya, y Tlacuilotepec nos confirman que la obra no se llevó a cabo.

Anexo 6/ Anexo 7/ Anexo 9 /

Anexo 8

Anexo 10

Este contrato, firmado con la Secretaría de Infraestructura del Estado con fecha 14 de mayo de 2019 por un monto de 48 millones 109 mil pesos, señala que la empresa beneficiaria tiene su domicilio en la Privada 113 C Poniente 1110, San Francisco Mayorazgo, Puebla, C.P. 72480. PCCI realizó una búsqueda exhaustiva del domicilio y comprobó que este no existe.  Si una persona hace el ejercicio en una plataforma de georreferenciación digital (por ejemplo Google maps o waze), podrá comprobar por sí misma que no es posible encontrar esa localización. Este domicilio coincide con uno que también se registró en 2016, momento en que la empresa celebró un contrato con el entonces gobernador Tony Gali para llevar a cabo la reconstrucción del museo del Alfeñique.

Ante la imposibilidad de encontrar la ubicación se hizo una llamada a la empresa para pedir una nueva localización, pero la persona al teléfono se negó a revelarlo con el argumento de que no se encontraba el encargado y ella no tenía facultad para hacerlo.

El hecho de que esta empresa continúe habilitada para celebrar contrataciones con autoridades de distintos niveles de gobierno despierta una preocupación importante, al no tener información relevante de los beneficiarios de recursos públicos. Además, PCCI posee documentos oficiales que acreditan que, en 2016, Río Alseseca recibió por la reconstrucción del Museo del Alfeñique un monto de 9 millones 856 mil 201 pesos; y en 2012, por llevar a cabo trabajos de cableado y mantenimiento eléctrico, unos 12 millones 422 mil 434 pesos provenientes de la BUAP. Esto significa que esta empresa recibió, sólo en 2019, 48 millones de pesos por una obra que no se realizó, y en años anteriores ingresó otros 22 millones 278 mil 636 pesos.

 

Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, S.A. de C.V.     

Esta empresa fue creada en el año 2013, también se encuentra dada de alta en el actual padrón de proveedores del municipio de San Andrés Cholula y fue la encargada de la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes y deslaves en 24 caminos de los municipios de Chiconcuautla, Jopala, Zihuateutla, Tepango de Rodríguez, Xicotepec, Jolalpan, Eloxochitlán, Zacatlán, San Sebastián Tlacotepec, Chignautla, Cuatempan y Axutla.

En el contrato celebrado con Consorcio Constructivo de fecha 2 de mayo de 2019, por $ 29 millones 887 mil 841 pesos se señala como domicilio de la empresa Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, S.A. de C.V. el ubicado en calle 5 de Febrero 746-8, Leobardo Coca, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, CP 72450. Los socios de esta empresa son Víctor Hugo Aguirre Hernández y María Trinidad Sosa y Barquet. Si bien, al acudir a este domicilio PCCI se percató de que la dirección existe, jamás pudimos contactarnos con personal de dicha constructora, a pesar de que tocamos la puerta en varias ocasiones. Además, los vecinos aseguran que ese lugar siempre ha estado vacío y que rara vez acude alguien.

A pesar de que el plazo acordado en el contrato para la realización de la obra fue de 90 días, que comprendieron del 21 de mayo al 18 de agosto de 2019, al final la obra se realizó en tan sólo 35 días naturales. El finiquito de la obra, que tuvo un costo de 29 millones 887 mil 841 de pesos, tiene fecha de 21 de junio de 2019, cuatro días antes de que estuviera finalizada, y un mes antes de que el nuevo gobernador electo tomara posesión.

Anexo 14

Al momento de pedir información a los municipios beneficiarios de esta obra: Chiconcuautla y Tepango de Rodríguez, se nos confirmó que la obra a la que hacíamos referencia no se había realizado en los límites de su municipio. Por otro lado, el municipio de Zacatlán nos solicitó la ubicación exacta de la obra pero, como ya se dijo, ninguna ubicación de las obras listadas aparece en los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Anexo 12 / Anexo 13

Cabe mencionar que esta empresa también celebró dos contratos con el gobierno de Tony Galy en 2018. El primero fue por un monto de 33 millones 752 mil 783 pesos, y aunque esta organización no ha tenido acceso al finiquito de la obra, sí se sabe que hasta noviembre de 2018 se reportaba el cien por ciento de avance físico y financiero. Un segundo contrato se dio tan sólo dos días después, esta vez por un monto de 19 millones 799 mil 972 pesos. Coincidentemente, la obra también consistió en la atención a fenómenos hidrometeorológicos en distintas partes del interior del estado.  A pesar de que la terminación de la obra estaba programada para septiembre de 2018, se concluyó y pagó a finales de julio de 2018, tal como se muestra en el siguiente anexo.

Anexo 15

PCCI aún no ha tenido acceso a las bitácoras o evidencias fotográficas de las obras realizadas en 2018, cuyo costo total asciende a poco más de 53 millones de pesos. Sin embargo, está acreditado por al menos dos de los ayuntamientos que la obra no fue realizada en 2019 y que, a pesar de que se han hecho numerosos esfuerzos por contrastar la información con algún miembro de Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, no hemos podido establecer contacto con la constructora ni tener acceso al supuesto domicilio que tiene meses sin estar habitado.

 

Constructora Gyatso, S.A. De C.V

Esta empresa se creó en 2016. En el contrato celebrado entre Constructora Gyatso y el gobierno del estado con fecha 18 de junio de 2019, por un monto de 24 millones 497 mil 253 pesos, señala como domicilio fiscal Boulevard Circunvalación 2253, Jardines de San Manuel, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla CP 72570. PCCI acudió a este domicilio y se percató de que el domicilio era el correcto y que la empresa estaba situada en dicho lugar, sin embargo, la empresa se negó a brindar cualquier información referente a la obra realizada con el argumento de que Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad no era ninguna dependencia gubernamental y que, por lo tanto, ellos no estaban obligados a brindar ese tipo de información.

Esta empresa fue la encargada de la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes en 9 caminos ubicados en los Municipios de Tlaxco, Tlacuilotepec, Pantepec, Zihuateutla, Cuetzalan del Progreso, San Sebastián Tlacotepec, Oxochitlan y Chilchotla en el estado de Puebla. Una vez más, cuando se solicitó información respecto de la obra realizada, los municipios de Chilchotla y Pantepec nos revelaron que durante el año 2019 no se había realizado ninguna obra con esas características. Incluso, el municipio de Pantepec nos hizo saber que el año pasado no ocurrieron contingencias por lluvias, por lo que no se había requerido ese servicio. Los 24 millones 497 mil 253 pesos se pagaron el  21 de junio de 2019.

Anexo 16/ Anexo 17/ Anexo 18

 

Gepsa Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.

Esta empresa fue creada en 2013. En el contrato celebrado entre Gepsa ingeniería industrial con el gobierno del estado el 2 de mayo de 2019, por un monto 19 millones 981 mil 877 pesos,  señala como domicilio el ubicado en Avenida Nacional 8501, Los Pinos, Puebla, CP 72103. Cuando se acudió a este domicilio se comprobó que, si bien había un rotulador con la razón social, el edificio se encontraba totalmente vacío, los vecinos y personas que laboraban en los alrededores nos aseguraron que nunca habían visto a nadie en dichas oficinas.

Esta empresa fue la encargada de llevar a cabo la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes y deslaves en 15 caminos estatales ubicados en los municipios de Ajalpan, Huehuetla, Zacapoaxtla, Zaragoza, Aquixtla, Tepetzintla, Cuautepec, Camocuautla, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán y Zongozotla en el estado de Puebla.

Los municipios de Hueytlalpan, y Zacapoaxtla, mediante oficios institucionales, nos hicieron saber que la obra jamás se había llevado a cabo, Lo que sí se llevó a cabo fue el pago de 19 millones 981 mil 877 mil 19  pesos. Esta transacción se realizó el 21 de junio del año 2019.

Anexo 19

Anexo 20

Anexo 21

Jiménez y Cuéllar Asociados, S. A. de C.V.

Esta empresa, creada en el año 2003, ha celebrado contratos gubernamentales en diversas ocasiones. El más reciente, después del celebrado durante el interinato, fue en 2015 con el Ayuntamiento de Atlixco. En el contrato celebrado entre Jiménez y Cuellar Asociados y el gobierno del estado de Puebla el 18 de junio de 2018, por un monto de 34 millones 294 mil 655 de pesos,  se señala como domicilio el ubicado en Avenida 25 Oriente 1401, Local 15, Bellavista, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla C.P. 72500.  Si bien en esta ubicación sí se encuentra localizada la mencionada empresa, lo que llama la atención es su importante relación con la empresa Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V. Ambas tienen como socio común al empresario Carlos Cuéllar Moreno, lo que significa que en un periodo de menos de seis meses este empresario, o en su caso, grupo de empresarios, se vio beneficiado por un monto de 73 millones 505 mil 972 de pesos.

Esto significa que estas dos empresas concentran casi el 30 % del dinero malversado.  Nos referimos a un monto malversado porque Jiménez y Cuéllar Asociados, S.A. de C.V. tenía designada la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes en seis caminos y desazolves en dos canales ubicados en los municipios de Zongozotla, Tepango de Rodríguez, Coatepec, Zacatlán, Eloxochitlan, Camocuautla y Jolalpan en el estado de Puebla. En las recientes solicitudes de transparencia respondidas por los municipios de Tepango y Coatepec nos aseguran que jamás se llevó a cabo dicha obra, que en estos casos tuvo un costo de 34 millones 294 mil 655  pesos pagados el 5 de julio de 2019.

Anexo 22

Anexo 23

Anexo 24

 

Constructora y Urbanizadora Charger, S.A. de C.V.

Esta empresa se creó en el año 2007, actualmente forma parte también del padrón de proveedores del estado de Oaxaca; ganó la licitación de la rehabilitación de la carretera Zacatlán-La Cumbre, tramo Zapotitlán-La Cumbre, en los Municipios Zapotitlán de Méndez, Nauzontla, Huitzilan de Serdán y Xochitlán de Vicente Suárez en el estado de Puebla.

Al comunicarnos a los distintos municipios con la finalidad de verificar la existencia de la obra, ninguno nos pudo dar información precisa, pues al ser una obra del gobierno del estado, dijeron, no hubo notificación ni información al respecto.

La obra se pagó con fecha 13 de septiembre de 2019 por 51 millones 020 mil 560 pesos y, si bien los testimonios nos informan que sí hubo algún tipo de rehabilitación, la situación domiciliaria de la empresa no es regular.

En el contrato entre Contrato Constructora y Urbanizadora y el gobierno del estado de Puebla proporcionan como domicilio en Privada 11 B sur 5110, Prados Agua Azul, Puebla, C.P. 72430. Al acudir a este domicilio no encontramos ningún indicio de que existiera una oficina en esa ubicación. La persona que se encontraba allí nos aseguró que ella tenía poco tiempo de haber llegado, pero que este es un domicilio particular.

Esta empresa también celebró un contrato de obra pública en 2018 por un monto total de 48 millones 480 mil 943 pesos, si bien tampoco hemos podido acceder al finiquito de esta obra, preocupa la nula comunicación que se ha tenido con esta empresa, a pesar de que en varias ocasiones hemos intentado comunicarnos, y preocupa aún más que en el domicilio proporcionado no pudimos encontrar la sede de la constructora.  Se trata entonces de la quinta empresa sin certeza de existencia.

En octubre de 2019 El Universal publicó una nota que revelaba la inexistencia de las obras llevadas a cabo en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, calculando una desviación por 196 millones de pesos; la gravedad es aún mayor, pues Consorcio Constructor Ríos Alseseca, S.A. de C.V., y Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, S.A. de C.V., siguen dadas de alta en distintos padrones de proveedores y, además ambas han recibido con anterioridad contrataciones con el gobierno del estado de Puebla por una suma mayor a 77 millones de pesos.

El monto total de estas seis obras inexistentes es de, como dijo El Universal, 196 millones de pesos de pesos, sin tomar en cuenta el hecho de que Río Aleseca, S.A. de C.V. recibió también una contratación por 7 millones 576 mil 391 pesos. Debido a que el finiquito por esta obra no se encuentra en la Plataforma de Transparencia, no podemos tener certeza de que esa obra se pagó; según la información, el trabajo se concluyó en septiembre del año pasado.  Si tomáramos en cuenta este monto, podríamos estimar que en menos de seis meses se malversaron, por lo menos, 203 millones 581 mil 273 pesos.

 

La inexistente encargada de los pavimentos

La obra más grande del sexenio de Pacheco Pulido tuvo un costo de 292 millones 645 mil 705 pesos. La primera  particularidad en la celebración de este contrato (Contrato Urbaniq) es la falta de determinación de su objeto, que quedó definido como “Reconstrucción con concreto hidráulico de la troncal del periférico ecológico del distribuidor Vial Atlixcáyotl A, Calle Ignacio Zaragoza, en las localidades de Heroica Puebla de Zaragoza, San Bernardino Tlaxcalancingo y Lomas de Santa Catarina, en Los Municipios de San Andrés Cholula y Puebla, en el estado de Puebla”. A pesar de que viene la localización de la obra, en ninguna parte del contrato se determina la longitud de la reconstrucción que tendría lugar el año pasado. Esta es otra de las características que comparte esta obra con las obras de deslaves que no se llevaron a cabo en los municipios mencionados con anterioridad.

Esta licitación se le otorgó a la empresa Constructora Urbaniq, S.A. de C.V con la colaboración de Recom Construcciones, S.A. de C.V., y Construcciones Artevek, S.A. de C.V. De inicio, uno pensaría que es correcto diversificar las licitaciones en distintas empresas y que evita la concentración de la riqueza en los mismos proveedores. Sin embargo, cuando se analizan los socios de dichas empresas nos percatamos de que Jesús Sósimo Quiterio Plata es dueño de Recom y Artevek, lo que implica que una misma persona recibió recursos provenientes de dos empresas distintas.

En las licitaciones públicas realizadas por el estado se exige a las empresas participantes en los concursos que cuenten con un capital social mínimo. Tras estudiar los montos que se pidieron en las licitaciones lanzadas durante este interinato, nos dimos cuenta de que se pidió entre el 30 % y 50 % del costo total de la obra por la que estaban concursando.

Destaca Constructora Urbaniq, empresa encargada de llevar a cabo los pavimentos, quien recibiría un contrato por más 270 millones de pesos, concurso con tan sólo 100 mil pesos de capital social, tal como se muestra en su acta constitutiva dada de alta en el SIGER (Sistema Integral de Gestión Registral). Es importante resaltar que por ley los aumentos de capital social deben ser registrados en el Registro Público del Comercio, por lo tanto, en caso de que haya habido algún aumento de capital social entre 2016 y 2020, este ya debería obrar en el sistema electrónico.

Anexo 25

Otra de las graves anomalías es que, al acudir al domicilio de la empresa creada en 2016, nos percatamos de que en dicha ubicación no se encuentra una empresa, sino una casa habitación cuyos habitantes afirman desconocer la existencia de dicha constructora e, incluso, manifiestan que en repetidas ocasiones han acudido a preguntar por la misma.

En el contrato firmado con fecha 22 de abril de 2019 se acordó que Urbaniq sería la empresa encargada de llevar a cabo la pavimentación, Recom se encargaría de las obras inducidas y del drenaje y Artevek de las preliminares y señalamientos. Urbaniq, al ser la constructora principal y Recom y Artevek únicamente colaboradoras de la primera, el domicilio designado para todo lo concerniente a la construcción de la obra fue el que señala Urbaniq como suyo, es decir, el ubicado en Calle Miguel Hidalgo 582, Los Ángeles Mayorazgo, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, 72440, el mismo que PCCI verificó y en el que no se encuentra la constructora.

Probablemente lo más grave de este hecho es que al ser Urbaniq la encargada de llevar a cabo la pavimentación, sería la empresa que más dinero recibiría en la contratación, siendo acreedora de un total de $270 millones 433 mil 676 pesos. A pesar de que nos ha sido imposible localizar a la empresa encargada de la pavimentación, no podemos hablar de una obra inexistente, pues los capitalinos fueron testigos el año pasado de la realización de numerosas reparaciones en el periférico ecológico.  Pero a la luz de estas revelaciones se abren varias interrogantes: ¿Cómo fue que una empresa con 100 mil pesos de capital social concursó para realizar un trabajo de 270 millones de pesos? Si el domicilio que señaló la empresa no es el de la constructora, entonces ¿cuál es su verdadera localización? ¿Existe la empresa? ¿Es razonable la cantidad pagada por los trabajos realizados? Si Urbaniq no existe, ¿quién fue la encargada de pavimentar? ¿A quién se le pagaron entonces esos 270 millones de pesos? Estas son interrogantes que la Secretaría de la Función Pública debería responder.

Es sumamente grave que los poblanos contemos con tan poca información relativa al gasto del presupuesto gubernamental pues, como se mencionó, la cuenta pública es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y este año se dio a conocer únicamente de forma parcial, dejando a la academia, la sociedad civil y a los medios de comunicación sin la posibilidad de abrir un debate democrático respecto a la utilización de recursos en el estado.  Esto lo demuestran los documentos oficiales adjuntos.

Anexo 26

La negligencia del Gobierno del Estado

Durante el interinato de Pacheco Pulido hubo cuatro obras que causaron gran controversia debido a los efectos ambientales que, se decía, podían desencadenar.

1) Construcción de rotondas y rehabilitación de calles en la colonia La Paz, en el Municipio de Puebla, adjudicada a la empresa Prinsa Ingeniería, S.A. de C.V., por un valor de 92 millones 608 mil 887 pesos.

2) Reconstrucción de las calles laterales de la Recta Cholula ubicadas en los Municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, adjudicada a la empresa Grupo Constructor y Arrendador del Centro, S.A. De C.V por un monto de 77 millones 700 mil 327 pesos.

3) Remodelación de la Intersección del Boulevard del Niño Poblano, Boulevard Atlixco y Boulevard Zavaleta, en los municipios de San Andrés Cholula y Puebla, adjudicada a la empresa Arquitectoni-K Inomobiliaria, S.A. de C.V. por un valor de 43 millones 100 mil 481 pesos.

4) Proyecto integral para la construcción del paso inferior Calzada Zavaleta Camino Real a Cholula, en los municipios de puebla y San Andrés Cholula, adjudicada a la empresa Constructora Gaype, S.A. de C.V. con un valor de 96 millones 957 mil 710.

Tras los señalamientos de daño ecológico e, incluso, un juicio de amparo promovido por Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno de Barbosa decidió cancelar las obras con el argumento de que no eran prioridad para el nuevo gobierno. Sin embargo, esta organización posee documentos oficiales que acreditan el pago de por lo menos 47 millones 857 mil 557 pesos por concepto de anticipos.

Anexo 27/ Anexo 28

Los documentos dados de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia únicamente nos muestran que se pagaron anticipos por 47.8 millones de pesos por dos de las cuatro obras que Arquitectoni-K y Grupo Constructor y Arrendador del Centro obtuvieron; sin embargo, debido a la escasa información que la cuenta pública nos ofrece, no podemos acreditar el pago del 30 % de anticipo acordado por las otras dos obras restantes.

Esta organización supone que sí se realizó algún pago por la Construcción de rotondas y rehabilitación de calles en la colonia La Paz, de lo contrario este proyecto no aparecería en la cuenta pública dada a conocer en abril de este año. La obra para la construcción del paso inferior Calzada Zavaleta-Camino Real a Cholula, en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, no aparece en la cuenta pública y en la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra ningún documento de avance físico ni financiero, por lo que deducimos que por esta obra no se realizó ningún pago.

PCCI acudió a los domicilios de las empresas responsables de estas cuatro obras públicas y se pudo tener una entrevista con Jesús Colín, el encargado de una de las empresas. Este hombre manifestó que habían trabajado únicamente lo que se había previsto realizar con el pago del anticipo. Sin embargo, en esa obra se pagó más de la mitad del total, un monto superior a los 34 millones, esto según los documentos de la propia Secretaría de Infraestructura que se encuentran en la Plataforma de Transparencia.

En virtud de que estas cuatro empresas parecen regulares, no podemos hablar de que haya existido un desvío de recursos, pues suele suceder que con los anticipos se paga el material y la mano de obra, pero lo que sí se puede acreditar es la negligencia por parte del gobierno del Estado que pagó más de 47.8 millones por obras inconclusas que el nuevo gobierno tuvo a bien suspender.

Sorprende la inactividad de la Secretaría de la Función Pública, pues no ha subido a la Plataforma Nacional de Transparencia ningún documento de las supuestas auditorias llevadas a cabo en octubre de 2019.

 

Conclusiones

Tras un exhaustivo análisis de las obras realizadas en estos seis meses, concluimos que casi la mitad del presupuesto destinado para obras públicas durante el interinato de Pacheco Pulido presenta algún tipo de irregularidad.

Lo más sorprendente es, precisamente, la inactividad de los órganos que vigilan el actuar de las secretarías, pues a pesar del reclamo de la sociedad civil por consolidar un sistema estatal anticorrupción, tenemos actos arbitrarios e inexplicables como, por ejemplo, que se haya dado a conocer la cuenta pública de forma parcial, un hecho por demás alarmante.

En Puebla hay una enorme perversión de las instituciones que se hace notar cuando observamos la poca información que los ciudadanos tenemos a nuestra disposición. Legalmente, la Secretaría de Infraestructura tiene la obligación de publicar periódicamente los contratos que celebra, pero estos deben ir acompañados de los avances físicos, financieros y los finiquitos de la obra en cuestión. Después de un año de la presunta realización de las obras, la información no se encuentra completa y este mismo escenario ocurre si revisamos años anteriores.

Las herramientas que la ciudadanía tiene para pedir una rendición de cuentas óptima están siendo mermadas debido a la falta de voluntad política que poseen las instituciones para dar a conocer la forma en que realmente se gasta el dinero.  Existen empresas irregulares que desde 2016 realizaron obras para gobiernos pasados. Estas empresas siguen dadas de alta y continúan proveyendo al Estado, clara muestra de la completa ineptitud de los órganos garantes de la transparencia o, peor aún, de la complicidad que guardan con aquellos que durante años se han empeñado en apoderarse de los recursos del Estado.

La Secretaría de la Función Pública no ha hecho públicas las auditorías realizadas en el año fiscal 2019, con el argumento de que en los primeros tres meses no se realizó ninguna auditoría y el segundo trimestre aún se encuentra en revisión. Después de un año no tenemos auditorías publicadas, documentos íntegros y la cuenta pública que debería darnos respuesta a todas estas interrogantes, está incompleta.

Anexo 29

Ante la opacidad y carencia de datos que tenemos los poblanos, nos toca a nosotros como sociedad civil y a los medios de comunicación ser vigilantes permanentes de la forma en que se ejercen nuestros impuestos. De lo contrario, la impunidad continuará prevaleciendo en nuestro estado y las malversaciones millonarias de recursos públicos serán la regla y no la excepción.

 

 

Itzel Jiménez Ríos es abogada de PCCI