Reciclan gobiernos empresas fantasma denunciadas en el interinato de Pacheco Pulido
Itzel Jiménez Ríos
Empresas señaladas por la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad como instrumentos para simular obras públicas han sido utilizadas nuevamente para realizar trabajos en los municipios de Puebla y San Martín Texmelucan, la Agencia de Energía del Gobierno del Estado de Puebla y los gobiernos estatales de Querétaro y Tlaxcala.
En julio de 2019 esta organización publicó su investigación titulada Interinato, el negocio perfecto: Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido. El trabajo revelaba que el Gobierno Interino del Estado de Puebla había cometido una serie de irregularidades en obras públicas por un monto total de 521 millones de pesos, dentro de los cuales 203 millones correspondían a obras que no se habían realizado a cargo de empresas cuyo domicilio o estatus legal jamás se pudo comprobar.
Nuestra organización publicó los nombres de las empresas que habían operado, diferenciando los siguientes esquemas:
- Empresas cuyo domicilio se pudo localizar, pero que al hacer la verificación de la obra, esta no se realizó.
- Empresas cuyo domicilio se localizó, pero no se realizó la obra.
- Empresas sin domicilio, pero que realizaron la obra.
- Empresas sin domicilio y que tampoco realizaron la obra por las que se les había pagado.
Bajo esta tesitura hubo algunas empresas cuyo estatus era más grave. No había certeza de su existencia, pero sí de que los trabajos encomendados en 2019 se habían pagado y nunca se habían llevado a cabo, las siguientes empresas comparten estas graves características:
Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V.
Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla, S.A. de C.V.
Gepsa Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.
Consorcio Constructor Río Alseseca, S.A. de C.V.
Constructora y Urbanizadora Charger, S.A. de C.V.
A pesar del reclamo de la sociedad civil y de la grave exposición en medios en julio del año 2020, no ha habido respuesta alguna de parte de la Secretaría de la Función Pública y existen gobiernos que continúan haciendo uso irregular de estas empresas. El Ayuntamiento de Puebla, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan y la Agencia de Energía del Gobierno del Estado de Puebla dirigida por Rodrigo Osorio Díaz, el gobierno de Tlaxcala y el propio gobierno federal, han adjudicado contratos a estas empresas a las que se les ha comprobado su existencia irregular.
Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V.
Esta empresa fue la responsable de la obra “Reconstrucción de derrumbes en los municipios de Huehuetlán el Grande, Xicotepec, Coxcatlán, Nopalucan, Tlaxco, Zacapala, Puebla, Victoria y Hueytlapan en el estado de Puebla” por un monto total de 39 millones 211 mil 316 pesos durante el Interinato de Guillermo Pacheco Pulido. Como lo narramos en la investigación publicada en 2020, los municipios beneficiarios de la obra nos confirmaron que nunca se realizó.
Si bien la investigación de esta organización se publicó hace casi un año, no ha existido ninguna declaración por parte del gobierno del Estado que esclarezca los hechos denunciados; muy por el contrario, hay instituciones que continúan haciendo uso de las mismas empresas.
El primero de octubre de 2020, a tan sólo cuatro meses de los señalamientos narrados, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar que encabeza Nguyen Enrique Glocker, adjudicó a la misma empresa un contrato por un monto total de 5 millones 608 mil 753 pesos.
En el contrato para la “Adquisición e instalación de módulos prefabricados para punto wifi”, la empresa Beresmo Constructora y Urbanizadora señala como domicilio fiscal el ubicado en calle 5 poniente 127 B, Chipilo de Francisco de Xavier Mina, San Gregorio de Atzompa, Puebla. C.P. 74325.
El mismo domicilio al que el equipo de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad acudió en febrero de 2020 para percatarse de que en dicha ubicación no se encontraba ninguna empresa. Además, el contrato mencionado comparte otra característica con la que se operaron contratos del interinato. A pesar de que el objeto del contrato también prevee la instalación del módulo para punto wifi, jamás se menciona en qué dirección se ubicaría este módulo.
Si bien sabemos que una de las grandes acciones anunciadas por el ayuntamiento fue precisamente la instalación de 500 módulos para wifi gratuito y que varios de estos sí se instalaron, resaltan algunas dudas.
¿Por qué la empresa no se ubica en el domicilio fiscal que informa? ¿Por qué se le otorgó un contrato de más de 5 millones a una empresa con antecedentes de haber cometido irregularidades? ¿El Ayuntamiento de Puebla no verifica la legalidad de las empresas? Esta investigación no alcanzó a verificar cuántos módulos se instalaron.
Además, no es la primera vez que el actual ayuntamiento adjudica contratos a esta empresa, pues en noviembre de 2019 celebró un contrato con la misma por un monto de 2 millones 330 mil 880 pesos.
En el contrato cuyo objetivo era la “Construcción de pavimentación con asfalto de la calle Fray J. Antonio Cuellar entre diagonal Río Papagayo y calle Fray Andrés de Córdoba en la Colonia Tres Cruces”, también se indica como domicilio fiscal el mismo que se mencionó para las contrataciones realizadas durante el Interinato, es decir, aquél en el que no estaba ubicada la empresa. Esta investigación no alcanzó a verificar si se hicieron o no las obras.
Tampoco existe la certeza de que no se realizó la obra, el municipio debería esclarecer las mismas dudas respecto de este contrato.
Pero el Municipio de Puebla no es el único que utiliza estas empresas con características notoriamente irregulares.
El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan celebró el día 28 de julio del año 2020, tan sólo catorce días posteriores a la publicación de la multicitada investigación, un contrato con Beresmo Constructora y Urbanizadora S.A. de C.V. Este contrato se celebró por un millón 417 mil 247 pesos con la misma dirección que Beresmo viene usando desde el año 2018 y en la que, una vez más, no se encuentra dicha empresa.
Al igual que el gobierno municipal de Puebla, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan celebró dos contratos más con la misma empresa durante 2019. El primero el día 18 de diciembre de 2019 por 937 mil 701 pesos y el segundo por 1 millón 980 mil 269 pesos el día 19 de diciembre de 2019.
De inicio se podría pensar que este es un fenómeno exclusivamente local y que estas empresas operan únicamente en el estado de Puebla, pero llama la atención que en el mismo cuatrimestre de 2019, unos meses después de que se pagaran exorbitantes montos por obras públicas para el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, la Federación también contrató con las mismas empresas. Sucedió a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezada, en ese por entonces, por Javier Jiménez Espriú.
El INIFED celebró tres contratos: uno el día 18 de octubre de 2019 por un valor de 3 millones 135 mil 326 pesos, y en esta misma fecha celebró un contrato más por 3 millones 448 mil 739 pesos. Si bien existe registro en la Plataforma Nacional de Transparencia de un tercer contrato por un millón 34 mil 676 pesos, este no pudo ser localizado.
Los contratos públicos tienen que estar dados de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, al entrar al hipervínculo en el que debería estar el contrato, este te envía directamente a la página de Compranet. Esta no es una página creada para ciudadanos, sino para las empresas que postulan a las licitaciones y para los procedimientos internos concernientes a ellas, esto dificulta encontrar la información, a pesar de esto se logró hallar la información de dos de los tres 3 contratos adjudicados. Únicamente se encontró la información concerniente a ellos, pues no está dado de alta el contrato como tal, ni el dictamen de excepción a la licitación que explique el porqué se adjudicó de forma directa la obra a esta empresa.
Por otro lado, el 28 de Octubre de 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un contrato con Beresmo para la “Conservación de la carretera Ciudad Serdán-Tlachichuca, del kilómetro 9+200 al kilómetro 11+700, de los municipios de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, en el estado de Puebla”; este se firmó por un monto de 4 millones 974 mil 578 pesos. La SCT sí publicó su contrato en la PNT, pero en él no aparece la dirección de la empresa, dato clave para realizar una investigación periodística. Situación que evidencia la clara opacidad respecto a esta obra.
Es importante mencionar que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados define a los datos personales como cualquier información concerniente a una persona FÍSICA identificada o identificable. La dirección de una persona MORAL no es un dato personal y por ello no existe justificación alguna para ocultarla en un contrato gubernamental.
Además de la Federación, el estado de Querétaro también ha contratado con esta misma empresa, si bien son montos mucho menores, los tres contratos firmados se dieron en el cuarto trimestre de 2020, cuando las irregularidades cometidas por la empresa Beresmo ya eran de dominio público.
El poder ejecutivo del Estado de Querétaro realizó tres contratos:
El primero el 3 de septiembre de 2020 relativo para “servicios a bienes inmuebles” por un monto de 638 mil 674 pesos, el segundo el día 29 de septiembre de 2020 para “mantenimientos y adecuaciones” por 370 mil 206 pesos y un último el día 3 de octubre de 2020 para “mantenimientos y aires acondicionados para diversas dependencias”, por un monto de 62 mil 170 pesos.
Por lo tanto, los gobiernos poblanos le ha pagado a la misma empresa entre 2019 y 2020 un monto total de 12 millones 274 mil 850 pesos; en 2019 la federación le pagó 12 millones 593 mil 321 pesos más por contratos federales y sólo en 2020 recibió un millón 70 mil pesos por parte del Estado de Querétaro. Siempre identificándose con un domicilio que no corresponde a la constructora y en el caso de Puebla, San Martín Texmelucan y Querétaro, con el antecedente de haber recibido dinero por un contrato de 39 millones que jamás se cumplió.
Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla S.A. de C.V.
Este preocupante esquema se repite con otras dos empresas más. Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla fue la empresa encargada de la obra “Apertura de pasos por afectaciones de derrumbes y deslaves en 24 caminos ubicados en los municipios de Chiconcuautla, Jopala, Zihuateutla, Tepango de Rodríguez, Xicotepec, Jolalpan, Eloxochitlán, Zacatlán, San Sebastián Tlacotepec, Chignautla, Cuatempan y Axutla” durante el Interinato de Guillermo Pacheco Pulido.
En 2020 nuestra organización pudo constatar que se pagaron 29 millones 887 mil 841 pesos por dicha obra sin que se llevara a cabo, además su domicilio ubicado en calle 5 de Febrero 746-8, Leobardo Coca estaba vacío, nunca nos abrieron la puerta y los vecinos afirmaron que nadie habitaba, ni entraba o salía de dicho inmueble.
Quizá lo más revelador de esta situación es el hecho de que, recientemente, el Municipio de Atlixco del Estado de Puebla dijo que tampoco tenía conocimiento sobre la realización de la obra denominada “Atención Emergente Por Fenómenos Hidrometeoro lógicos”, contratada en junio de 2018 por la Secretaría de Infraestructura del entonces gobernador Antonio Galy Fallad.
Si bien la ley no prohíbe la aparición de la dirección de las empresas en los contratos, este contrato se encuentra testado, por lo tanto, no podemos conocer el domicilio de la empresa en 2018 y tampoco podemos saber si es el mismo domicilio fiscal que acreditó en los contratos realizados durante el interinato de 2019. Lo que sí sabemos es que tampoco hay certeza de que se haya realizado dicha obra.
A pesar de que en 2020 nuestra organización reveló que se había pagado por una obra de 29 millones que no se había llevado a cabo, la SHCP realizó un contrato de 550 mil pesos y, peor aún, la Agencia de Energía del Gobierno del Estado de Puebla celebró otro más el día 27 de octubre de 2020 por un monto de 325 mil pesos. Lo anterior con conocimiento de que se le había iniciado un procedimiento a esta empresa en la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, como lo señaló El Universal en octubre de 2019.
En el contrato de la Agencia de Energía se menciona como domicilio fiscal el ubicado en calle 5 de Febrero 746-8, Leobardo Coca, el mismo domicilio que se menciona en el interinato y al que acudimos en febrero de 2020 sin recibir respuesta alguna.
Constructora Urbaniq, S.A. De C.V.
Por otro lado, una de las empresas más polémicas en la investigación presentada en 2020 fue Constructora Urbaniq S.A. de C.V. En el Capítulo “La inexistente encargada de los pavimentos” narramos cómo la empresa que recibió el contrato más alto durante el interinato de Pacheco Pulido carecía de un domicilio regular. Además, según lo observado en las licitaciones del año 2019, la empresa no contaba con el capital social mínimo para concursar para una obra de más de 270 millones.
Su domicilio fiscal ubicado en Calle Miguel Hidalgo 582, Los Ángeles Mayorazgo, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, no correspondía al de la empresa, sino a una casa que llevaba un año habitada.
A pesar de todo esto, durante 2020 la empresa ha recibido contratos por 14 millones 558 mil 336 pesos. El contrato más alto fue otorgado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, presidido por Marco Antonio Mena Rodríguez, quien acordó el pago de 11 millones 133 mil 119 pesos por la “Repavimentación de la Carretera Nanacamilpa- Mazapa”
Pero el gobierno de Tlaxcala no es el único que continúa haciendo uso de esta empresa. El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan también celebró otro contrato con esta empresa irregular. El 10 de agosto de 2020 firmó con Urbaniq la realización de la “Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre calle Benito Juárez y calle Josefa Ortíz de Domínguez”, por 957 mil 870 pesos.
Y un contrato más celebrado por el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por 2 millones 467 mil 172 pesos para la “Rehabilitación de calle con concreto asfáltico de la calle general Urbina de la calle Ferrocarril a la calle Emiliano Zapata, col. División del Norte, Tlalnepantla de Baz, Estado de México”
Para la celebración de estos últimos contratos en 2020 la empresa cambió de domicilio, informando al municipio de San Martín Texmelucan y Tlalnepantla que se encontraba ubicada en Antiguo Camino Rancho San Isidro No. 3215, Colonia Santiago Momoxpan, C.P. 72760. Una vez más acudimos a la dirección mencionada en donde había dos domicilios con el número 3215, pero ninguno de los dos correspondía a la empresa Urbaniq S.A. de C.V.. Es decir, por segunda vez consecutiva estaban informando una dirección que no correspondía a la suya para realizar obras públicas por montos considerables.
Por ello que ahora replanteamos las mismas interrogantes realizadas en Julio del año pasado. ¿Cómo fue que una empresa con 100 mil pesos de capital social concursó para realizar un trabajo de 11 millones de pesos? Si el domicilio que señaló la empresa no es el de la constructora, entonces ¿cuál es su verdadera localización? ¿Existe la empresa?
Conclusión
PCCI ha investigado e informado a la ciudadanía de actos de corrupción en la adjudicación de obra pública en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido sin que haya consecuencia alguna para los involucrados. Dos años después nos encontramos con que empresas señaladas y denunciadas ante las autoridades pertinentes siguen obteniendo contratos en las mismas condiciones de opacidad e irregularidad.
Tan sólo en 2020, después de la publicación de la investigación Interinato, el negocio perfecto: Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido, se otorgaron contratos por 23 millones 530 mil 214 pesos a tres de las empresas mencionadas en nuestra investigación.
Durante 2019, además de las irregularidades encontradas por Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, se otorgaron contratos por otros 25 millones 162 mil 618 pesos, y durante 2018, una de las empresas descubiertas también cobró 19 millones 799 mil 972 pesos por una obra que no realizó.
Por ello, a la investigación del interinato se le suman otros 68 millones 492 mil 804 pesos. No sabemos si las empresas realmente existen, pues su domicilio sigue irregular, ni sabemos si las obras se efectuaron. Lo que sí sabemos es que la opacidad reina en este estado y en nuestro país y que las consecuencias parecen nunca llegar.