AUDI: modus operandi en detrimento de derechos agrarios

Sergio Mastretta Guzmán

 

Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, identificados como servidores públicos de largo plazo en las oficinas de gobierno federal y estatal responsables de la temática agraria, fueron los encargados de gestionar la operación de compra-venta de las 460 hectáreas de la plataforma AUDI. O al menos de las 274 hectáreas de terrenos ejidales involucrados. Los dos aparecen como los ejidatarios que vendieron al Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra 274 hectáreas –239 para el polígono de la planta automotriz–, y les pagaron con cheques del mismo fideicomiso, 47 millones de pesos.

La adquisición de predios ejidales en los ejidos de SAN JOSÉ CHIAPA, RAFAEL LARA GRAJALES, SAN HIPÓLITO SOLTEPEC, SAN JOSÉ MORELOS y SAN ISIDRO OVANDO, se dio gracias a la operación que por parte del gobierno del estado de Puebla se fraguó para que la planta armadora de autos AUDI DE MÉXICO, S. A. DE C.V. se asentara en territorio poblano.

Todo inicia con la formación del Fideicomiso Público denominado “Banco Estatal de Tierra”, que opera como una entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Economía del estado de Puebla, cuyo objetivo es la adquisición de áreas de suelo o predios para generar un portafolio de reservas territoriales en el estado de Puebla que permite impulsar el desarrollo económico, social y urbano sustentable. Suena atractivo y prometedor cómo publicitan a dicho fideicomiso, sin embargo para quienes son blanco de estos atropellos jurídicos por parte del gobierno, no lo es tanto, ya que utilizan las instituciones del estado para amedrentar a los propietarios de las tierras sean estas ejidales, comunales y/o propiedad privada. Todo con el fin único de hacerse de las tierras, y que les impidan a quienes son los propietarios, acceder a algún medio jurídico para salvaguardar sus derechos de propiedad como lo hizo en su momento la familia Maurer Espinosa ante la expropiación de la antigua hacienda Tamariz.

Pablo Rodríguez Regordosa, secretario de la SECOTRADE en el gobierno de Rafael Moreno Valle en los meses últimos del año 2011 fue a los pueblos de Acajete, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Soltepec y San Salvador El Seco para explicar la intención de compra de tierra para impulsar el desarrollo industrial e inmobiliario en la región.

El servidor público recorre el territorio y anuncia la futura inversión industrial. Tras él van los operadores de la Dirección de Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno y del Fideicomiso del Banco Estatal de Tierra, reconocidos en las actas de asamblea ejidal tres de ellos (Roberto Carrión García, Vicente Ortiz Toxqui y Sergio Vázquez Reyes) quienes jugarán el triple papel de gestores del gobierno, compradores particulares y ejidatarios vendedores. Así lo prueban actas de asambleas ejidales llevadas a cabo entre junio del 2012 y marzo del 2013, que dan cuenta del traslado de dominio de 440 hectáreas hacia el gobierno del estado. Para la investigación se recuperan seis de ellas identificadas por el instrumento notarial 27053 que da cuenta de la escrituración a nombre de Audi de México de las 460 hectáreas de la plataforma.

Los campesinos y núcleos agrarios de los ejidos fueron asediados por servidores públicos de diversas instituciones gubernamentales (estatales y federales) quienes en su momento debían velar por sus intereses lo hicieron para favorecer a quienes se hicieron de las tierras para sacarles provecho ante la información privilegiada con la que contaban.  La Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de Puebla es responsable de violaciones a las leyes y reglamentos agrarios pues hizo todo para llevar a cabo las asambleas ejidales que se requerían (a la medida) al igual que la Delegación del Registro Agrario Nacional en Puebla, debía verificar la información que le entregaban para  realizar el registro de los actos que se llevaban a cabo y calificar, en su momento, la legalidad de los mismos.

Servidores públicos que intervinieron en la realización de las Asambleas Ejidales:

  1. FRANCISCO GRADOS AGUILERA (Representante de la Procuraduría Agraria)
  2. ALEJANDRO IRVING HERNÁNDEZ TORRES (Visitador Agrario adscrito a la residencia en Puebla de la Procuraduría Agraria).
  1. JOSÉ GERARDO LEZAMA MONTIEL (Visitador Agrario y/o Representante de la Procuraduría Agraria).
  1. SANDRA RAMÍREZ HAM (Registradora del Registro Agrario Nacional en la Delegación de Puebla).
  1. VIOLETA REYES BLANCO (Delegada Estatal en Puebla del Registro Agrario Nacional)
  1. SERGIO VÁZQUEZ REYES (Empleado del Fideicomiso Banco Estatal de Tierra). Se dijo ser ejidatario de San José Chiapa, pidió la adopción del dominio pleno y se le asignaron los predios que faltaban por asignar del ejido, en la Asamblea de 8 de agosto de 2013.
  1. VICENTE ORTIZ TOXQUI (Empleado de la Procuraduría Agraria entre 1995 y 2011, funcionario de la Dirección de la Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno entre 2011 y 2017, y hoy servidor público como Jefe del Departamento de Supervisión en la Dirección de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano en el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra, al menos hasta el 31 de marzo de 2019) Ejidatario de los 5 ejidos antes señalados.
  1. ROBERTO CARRIÓN GARCÍA (Funcionario de la Dirección de la Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno como Subdirector de Seguridad de la Propiedad Rural). Ejidatario de los 5 ejidos antes indicados.

 

El instrumento 27053, de fecha 29 de mayo del 2015, elaborado por la Notaría 1 y del Patrimonio Federal en el Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, revela, cuando se desentrañan sus antecedentes, que dos funcionarios públicos, Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, empleados en la Dirección de Tenencia de la Tierra en la Secretaria General de Gobierno estatal en 2012,  responsables de la negociación con los ejidatarios en la región de San José Chiapa y Rafael Lara Grajales, se convirtieron en ejidatarios con dominio pleno, compraron a su nombre 274 hectáreas de 70 parcelas de los ejidos involucrados, a un precio de 8.50 pesos el metro cuadrado (en algunos casos), es decir, 23.2 millones de pesos, y como tales las revendieron por 47 millones de pesos al Banco Estatal de Tierra creado por el gobernador Rafael Moreno Valle en el 2011. Y que cuatro personas nativas de Chipilo, quienes habían comprado años antes bajo contratos privados más de 160 hectáreas ejidales se convirtieron en una sola asamblea ejidal en avecindados, ejidatarios con derechos y propietarios con dominio pleno de 138 hectáreas del ejido de Rafael Lara Grajales, para venderlas igualmente al Banco Estatal de Tierra por la cantidad de 107 millones de pesos distribuidos en 37 millones de pesos en efectivo y 161 hectáreas en terrenos de San Salvador El Seco.

Todo ello asentado en las actas de asamblea de los ejidos de San José Chiapa (30 de octubre del 2012 y 29 de septiembre de 2013), Rafael Lara Grajales (6 de junio de 2012), San Hipólito Soltepec (16 de marzo de 2013), San José Morelos (30 de noviembre de 2012) y San Isidro Ovando (17 de octubre de 2012) en las que se violan flagrantemente las disposiciones y procedimientos de la Ley Agraria.

Un comparativo entre lo asentado en actas y lo que la ley marca, genera una lista larga de violaciones e irregularidades que se encuentran sin problema en los documentos del Registro Agrario Nacional, como son los siguientes:

 

  1. PARA EL DOMINIO PLENO: convocatorias en las que autorizan al mismo tiempo la aceptación de ejidatarios sin poner los nombres de las personas que se aceptarán como ejidatarios, procedimientos y tiempos incumplidos; certificados parcelarios no cancelados ante el RAN, certificados parcelarios no expedidos por el RAN; inexistencia de constancias de notificación del Derecho del Tanto, constancias de Renuncia Expresa del Derecho del Tanto; inexistencia de contratos entre vendedor y comprador con dos testigos y ratificado por notario público; registro de enajenación de derechos parcelarios; inexistencia de inscripciones ante el RAN del Acuerdo de Asamblea de Autorización para adopción del Dominio Pleno con la presentación del padrón de ejidatarios original; expedición de títulos de propiedad sin la presentación del certificado de derechos parcelarios otorgado previamente.
  1. PARA LA ACEPTACIÓN DE EJIDATARIOS: convocatorias sin consignación del tema de la aceptación de tales personas (es decir, sin mencionar el nombre completo de las personas que se propondrían a los integrantes de la asamblea general de ejidatarios) en el orden del día; inexistencia en anexos de actas de asamblea de los expedientes individuales (acta de nacimiento, INE, CURP, acreditación de la residencia por al menos un año en el ejido).
  1. ASIGNACIÓN DE PARCELAS: inexistencia de la documentación obligatoria de expedientes individuales, como lo marcan los propios procedimientos en el Registro Agrario Nacional.

 

En un caso, como se consigna en el Acta de Asamblea San José Chiapa, 30 de octubre de 2012, los funcionarios Roberto Carrión García y Vicente Ortiz Toxqui fueron actores principales: al primero se le reconoció como ejidatario, se le asignaron 86.7 hectáreas y le otorgaron el dominio pleno por ellas en un mismo acto; al segundo, reconocido ya como ejidatario en otra asamblea, le asignaron 76.7 hectáreas y le otorgaron también el dominio pleno. Y así, “muy contentos y cumplidores con sus jefes”, los dos funcionarios se voltearon con sus títulos listos para vender sus recién adquiridas parcelas al Banco Estatal de Tierra.

 

La interrogante aquí es, de dónde se hicieron de recursos económicos para comprar tantas hectáreas, si ambos tenían puestos como servidores públicos en el gobierno de Puebla y ni siquiera el sueldo de gobernador tendría tal capacidad de compra.

Los artículos 27 fracción VII Constitucional, 47 de la Ley Agraria y 7° del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, establecen la prevención de que los ejidatarios no pueden ser titulares de más tierra que la equivalente al cinco por ciento del total de las tierras ejidales y, que en todo caso, la titularidad de tierras en favor de un sólo ejidatario no deberá rebasar los límites de la pequeña propiedad.

Es importante destacar que la Ley Agraria no declara inexistentes o nulas las excedencias del cinco por ciento, toda vez que el párrafo segundo del artículo 47 de la Ley Agraria establece que: .’la Secretaría de la Reforma Agraria. previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta Ley”.

Para entender la trayectoria legal de este traslado de dominio en lo que corresponde a la plataforma AUDI estrictamente, 220 hectáreas de 70 parcelas ejidales y un conjunto de terrenos propiedad privada, 240 hectáreas, propiedad de José María Aizpuru Leal, de la antigua hacienda de San Miguel El Salado. Del otro, la escritura otorgada a Audi el 29 de mayo del 2015. En medio, todo el proceso de compraventa a través del Banco Estatal de Tierra, información que, a la fecha, permanece oculta por esa dependencia, pero que es posible rastrear, como hemos visto, en los instrumentos existentes en el Registro Público de la Propiedad en el distrito de Tepeaca y en las actas de asamblea ejidal resguardadas en el Registro Agrario Nacional en la ciudad de Puebla.

EL INSTRUMENTO 27053

Es fundamental para entender todo lo ocurrido en el papel.

Por el Instrumento 27,053, Volumen 315, del 29 de mayo del 2015, se segregan 459.9 hectáreas y se escrituran en contrato de compra venta entre el Gobierno del Estado de Puebla y la sociedad Audi México, S.A. de C. V., y se constituye servidumbre voluntaria por la misma sociedad. Y de él se extraen en hilo los antecedentes y las declaraciones.

Firman la escritura un 29 de mayo del 2015 ante Gabriel Casas Rodríguez, el notario suplente de la Notaría Pública Número Uno y del Patrimonio del Inmueble Federal, por Audi México, Alfons Dieter Dintner, Matthias Wilhelm Rust y Alejandro César Yunes Zubirán. Por el Gobierno del Estado de Puebla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, secretario de la Contraloría, Cristina González Medina, secretaria de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Marina Araceli Castro Moreno, Subsecretaria de Administración y Gilberto Suárez Machado, Coordinador General Jurídico, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración.

El instrumento 27,053 se abre a nuevos eventos notariales que acaban por explicar el manejo que la armadora alemana hará del territorio adquirido:

 

 EL INSTRUMENTO 26,972

 Con este instrumento se da cuenta de la fusión y segregación de 42 parcelas del ejido de San Hipólito Soltepec, que dejará al final disponibles 18.6 hectáreas en las que Audi de México, S.A. de C.V. ubicará las empresas proveedoras que operarán bajo el sistema JIS (Just in Sequence). Para ello, 42 ejidatarios venden a Vicente Ortiz Toxqui 55.1 hectáreas, quien a su vez las revende al Banco Estatal de Tierra por 10.8 millones de pesos, y de las que se segregan las referidas 18.1 hectáreas.

 

DEL INSTRUMENTO 26,972

  • FUSIÓN DE LA SUPERFICIE RESTANTE DEL PREDIO FUSIONADO POR 42 PARCELAS DEL EJIDO DE SAN HIPOLITO SOLTEPEC Y SUPERFICIES RESTANTES DE LAS PARCELAS 1198 Y 1175 PARA FORMAR 34-91-82.37 HECTÁREAS.
  • DATOS DE REGISTRO: P238 Y 239 F61 T163 L1 29 DE ABRIL DE 2015 COPIAS 5335-5475 LV 28 DE MAYO DE 2015.
EL INSTRUMENTO 24,384

Esta escritura da cuenta de la segregación del predio propiedad privada y 25 parcelas ejidales para formar un gran polígono de 441.3 hectáreas, que se donan a título gratuito por el Banco Estatal de Tierra al Gobierno del Estado de Puebla.

 

DEL INSTRUMENTO 24,384

  • SE SEGREGA PREDIO DE SAN MIGUEL DEL SALADO Y 25 PARCELAS Y SE DONAN A TÍTULO GRATUITO AL GOBIERNO DEL ESTADO.
  • P65 F17 T159 L1 23 DE MAYO DE 2013 COPIAS 1559-1833 LV 28 DE MAYO DE 2013
  • 222-97-03.573 HECTÁREAS DE AIZPURU LEAL, 17-12-87.895 HECTÁREAS DE AIZPURU LEAL Y 27 PARCELAS. DANDO UN TOTAL DE 593-77-60.251 HECTÁREAS, Y DE ÉSTAS SE SEGREGAN 441-37-22.261 HECTÁREAS.
LOS INSTRUMENTOS 24,702 Y 24,717

Con ellos se refiere la compra por el Banco Estatal de Tierra de 222.9 hectáreas y 17.1 hectáreas, por un total de 178.3 millones de pesos, a José María Aizpuru Leal y José María Aizpuro Sánchez y su fusión con el área de 27 parcelas ejidales más para dar un gran total de 593.7 hectáreas, de las que se segregarán las 441.3 hectáreas referidas en el instrumento 23,384.

EL INSTRUMENTO 24,141

Con él se da cuenta de la operación de compraventa por el Banco Estatal de Tierra de 21.7 hectáreas propiedad de Sandra Helena López Benavidez, por la cantidad de 22.7 millones de pesos. Este movimiento tiene como antecedente la venta de estas hectáreas por parte de Vicente Ortiz Toxqui a Sandra López Benavides. En este momento de la investigación no tenemos forma de explicar la aparición de esta persona como intermediaria entre el funcionario-ejidatario Ortiz Toxqui y el Banco Estatal de Tierra.

LOS INSTRUMENTOS DE VICENTE ORTIZ TOXQUI Y ROBERTO CARRIÓN GARCÍA

Una serie de instrumentos a nombre de estos dos personajes dan cuenta de 28 títulos de propiedad ejidal con dominio pleno en los ejidos de San José Chiapa, San José Morelos y San Isidro Ovando a nombre de estos dos funcionarios públicos especializados en materia agraria, tanto en la Procuraduría Agraria como en la Secretaría General de Gobierno.

El 29 de mayo del 2015, la escritura instrumento 27053 está en el registro público de la propiedad en Tepeaca. Las 460 hectáreas en las que se construyó a todo tren la planta armadora, con el trabajo de tres mil obreros de la construcción, son propiedad de la empresa Audi de México, S.A. de C.V.

Al parejo de toda esta operación de compra de tierra para la armadora alemana han corrido en esos mismos meses de 2011, 2012 y 2013 las negociaciones para la compra de la tierra para las imaginarias etapas 2 y 3 de Ciudad Modelo y para la reserva industrial que los consultores españoles de la empresa IDOM imaginaron para Rafael Moreno Valle. Todas las operaciones ocurridas ahí permanecen blindadas en los archivos del Banco Estatal de Tierra y del Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo. Los operadores agrarios Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García continuaron en su trabajo y el primero sigue trabajando como servidor público del Banco Estatal de Tierra hasta este año 2020. Muy lejos de la vista pública, y sin preocupación alguna por la acción de la contraloría y del propio Gobierno del Estado de Puebla, por lo que podemos aseverar que continúa valiéndose de información privilegiada para seguir siendo un “gran terrateniente servidor público”.

La familia chipileña se ocupan en sus actividades agropecuarias en Atlixco y San Salvador El Seco, y allá donde hayan encontrado nuevos terrenos ejidales para negociar su compraventa con viejos ejidatarios desanimados.

La familia Aizpuru, desde el casco de El Salado apretado entre la planta Audi y el cerco de Ciudad Modelo, ve ahora cómo lo encierran más tras la barda que los marinos del Laboratorio Optoelectrónico de la Secretaría de Marina han plantado en los linderos de lo que quedó de la antigua hacienda de El Salado.

 

Plano Del Registro Agrario Nacional/Identificación de terrenos Plataforma Audi

Añil Familia Aizpuru

Rojo Familia de chipileños

Negro Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García

 

HECTÁREAS PRECIO VENDE
1976159,31 $ 32.434.634,37 VICENTE ORTIZ TOXQUI
774089,354 $14.640.426,39 ROBERTO CARRIÓN GARCÍA
452198,96 $46.223.406,41 SANTOS SIMONI MARTINI
459954,164 $18.316.480,00 CONSUELO PILONI BERRA
486137,674 $43.286.754,56 DANIELA MONTAGNER MAZZOCCO
254970,624 $22.450.000,00 SANDRA HELENA LÓPEZ BENAVIDES
2400991,468 $178.426.359,00 JOSE MARIA AIZPURU LEAL
6804501,554 $ 355.778.060,73
De 680-45-01.554 hectáreas utilizan únicamente 460-03-01.551 hectáreas para AUDI

 

Costo por hectárea pagado por el BANCO ESTATAL DE TIERRA a los involucrados como vendedores de la tierra AUDI:

 

Vicente Ortiz Toxqui $164,682
Roberto Carrión García $190,100
Santos Simoni Martini $1,022,641
Consuelo Piloni Berra $399,051
Daniela Montagner Mazzoco $890,673
José María Aizpuru Leal $743,443

 

Texto tomado de PCCI. (2019). LA TRAMA AUDI, Componendas de un Gobierno Autoritario. Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad. https://pueblacontralacorrupcion.org/audi/