Una realidad histórica
Estructuras clientelares y movilización
Alejandro Guillén
Los ensayos de Dinero Ilegal sobre lo ocurrido en las elecciones del 2018 y el 2019 en Puebla gravitan en la explicación de una realidad histórica que determina coyunturas contemporáneas: la existencia de una estructura operativa para la manipulación del voto ciudadano. No se puede entender la realidad de la democracia mexicana sin un reconocimiento crítico de lo que estas prácticas significan para la sociedad. Poder y dinero son su explicación de fondo; el voto al mejor postor su consecuencia.
El clientelismo electoral es una forma de corrupción motivada por incentivos concretos: ganar elecciones, ganar dinero, recursos, cargos en el sector público, permisos, concesiones, contratos de obra pública, entre otros. Se inhibe o se moviliza, se compra o se vende el voto. Puebla se ha convertido desde 2016 en uno de los estados con mayor incidencia de delitos electorales, muchos de ellos relacionados con el clientelismo electoral y el dinero fundamentalmente público que de manera ilegal lo sostiene. Y sobre cualquier querella legal que estos hechos produzcan, la impunidad está en la base del sistema de justicia.
En esta red de complicidades a lo largo y ancho de la República Mexicana participan grupos e individuos con diferentes intereses y posiciones. Unos venden su voto por quinientos o mil pesos; otros –y ahí entran funcionarios electorales, líderes de colonias, sindicatos, comisariados ejidales, dirigentes de partidos, operadores y movilizadores de toda índole, funcionarios o ex funcionarios federales o estatales y hasta el propio gobernador de un estado–, que participan en la distribución de dinero y bienes para poner en marcha toda una maquinaria clientelar, ya sea para inhibir, movilizar o comprar el voto. Es una práctica sistemática que involucra estructuras económicas, políticas y sociales diseñadas para intervenir ilegalmente en los procesos electorales.
Estructura e ingeniería son dos categorías que explican el comportamiento de lo que se denomina operación electoral. Organización y sistema, planificación y estrategias para intervenir en ellas. Profesionales capacitados y aplicados como en operaciones de empresa. Coordinadores, operadores, movilizadores. Se entiende así la compra-venta del voto y el clientelismo electoral. Los partidos, entonces, como lo muestran los testimonios presentados en el tomo 3 de esta investigación, acaban siendo estructuras controladas por grupos de poder fáctico que operan con estructuras paralelas, manejadas en lo local por los alcaldes y en lo estatal por el gobernador en turno.
Las estructuras clientelares se organizan territorialmente y tienen como base de sus operaciones a las secciones electorales, pero el diseño de la ingeniería electoral tiene en la casilla su punto de partida. Se identifican comportamientos y escenarios; se construyen directorios, funciones y tareas. Se plantan tableros y fichas. Llegan a emplear un mayor número de movilizadores en aquellas zonas que se caracterizan por su situación socioeconómica de pobreza, como es el caso de las juntas auxiliares de los municipios. También pueden organizarse por sectores que se movilizan de acuerdo con quién tiene mayores probabilidades de ganar la gubernatura.
Aun cuando los movilizadores han pactado la compra-venta del voto, no existe la certeza de que el elector-cliente cumpla con lo acordado. Los movilizadores y el ofrecimiento de un determinado número de votos en favor del candidato o partido que los contrata, en ocasiones, termina siendo un fraude cuando ese partido o ese candidato no tiene control sobre la operación de la estructura clientelar.
Existe una variedad de mecanismos de los operadores de los partidos políticos para constituir las estructuras, para manejar el clientelismo electoral, para descarrilar los procesos de elección popular, para comprar el voto; no podemos soslayar que para comprar cada voto se requiere de alguien que lo venda. Es decir, si bien existe responsabilidad de los operadores políticos, no debemos dejar de ver la responsabilidad de los ciudadanos que no han llegado a visualizar las repercusiones de sus actos. Mucho se ha dicho que los operadores se aprovechan de la pobreza de la gente, quien vende su voto al mejor postor, sin embargo, no se justifica. Como sociedad, hemos actuado y tolerado estos actos, sin enfatizar en las conductas ilegales y en la responsabilidad de cada ciudadano.
Existen indicios de que algunos funcionarios electorales (consejeros estatales, distritales o municipales), representantes de partido y funcionarios de casilla están involucrados en el clientelismo electoral, lo que genera dudas sobre la legalidad de su actuación. Este proceso se subraya cuando la figura del gobernador logra el control de los propios organismos electorales, tanto los operativos (el Instituto Electoral del Estado) como los judiciales (el Tribunal Estatal Electoral y la FEPADE).
Todo lo anterior hace que el INE y la FEPADE tengan una agenda que atender para garantizar que las elecciones realmente se apeguen a derecho.
Por su parte, las sentencias condenatorias y las sanciones impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de los estados son insuficientes para inhibir la práctica de las acciones ilegales relacionadas con el “clientelismo electoral”; e incluso, hay casos que quedan impunes cuando se trata de funcionarios que trabajan en los ayuntamientos. Los partidos políticos y los candidatos que fomentan la práctica de estos delitos, saben que el costo a pagar por la sanción recibida es poco o nada en comparación a las ganancias y privilegios que se pueden obtener al gobernar un estado. En ese sentido, el delincuente electoral procede con la misma suficiencia que el hampón en la calle, sabe que son mínimas las posibilidades de que lo alcance el castigo que merece por ley.
De no establecerse sanciones o consecuencias palpables por romper el principio de imparcialidad –cuyo rango es constitucional–, la confianza que tiene la ciudadanía respecto al sistema electoral se ve amenazada. La credibilidad de las instituciones es un elemento clave para la consolidación de una democracia; un sistema electoral que carece de credibilidad provoca que los electores cuestionen los resultados finales e, incluso, se pregunten si es útil votar.
El clientelismo electoral se confirma plenamente en el cambio significativo, repentino y difícil de explicar –si no se contemplan estas estructuras clientelares–, en la orientación política de las secciones electorales más pobres del estado, que cambiaron de orientación de un año al otro, especialmente cuando el candidato que perdió un año es el mismo que ganó al siguiente. La estructura electoral clientelar en el estado opera en los sectores más vulnerables de la población, por lo que es posible relacionar el vínculo caciquil del voto en regiones específicas del territorio, lo determinante que puede ser para el resultado general de una elección; el análisis de los resultados en las casillas y en las secciones, identifica comportamientos inverosímiles de una elección a otra; partidos que no existen en una aparecen como ganadores en otra; partidos derrotados 3 a 1 un año antes resultan ganadores absolutos al siguiente.
Esa es la perspectiva que ofrece el análisis estadístico comparativo entre las elecciones del 2018 y el 2019. Estos estudios cuantitativos, al comparar la elección de gobernador de 2018 con la extraordinaria (también de gobernador) de 2019, demuestran que hubo un comportamiento atípico en los resultados electorales obtenidos por los partidos PRD y MC (que acompañaron al PAN) y el PVEM y PT (que formaron con MORENA la coalición Juntos Haremos Historia). Fue esencialmente en las casillas ubicadas en las zonas rurales y en las secciones más pobres del estado donde pudo observarse que hubo un extraño cambio de preferencias electorales de un año al siguiente. Lo que ganaron MC y el PRD en 2018, lo ganaron el PT y el PVEM en 2019. Entre las diferentes variables que explican este comportamiento, no podemos descartar la intervención caciquil y clientelar en aquellas zonas donde fue muy claro el repentino cambio de orientación partidista.
Por lo que se refiere al comportamiento de los medios de comunicación en Puebla durante los procesos electorales de 2018 y 2019, un buen número de ellos exhibieron su enorme dependencia económica de los convenios de publicidad gubernamental y del “dinero bajo la mesa” que circula en las relaciones medios-gobierno. La publicidad oficial empleada como vía de control de la línea editorial o contenidos de los medios informativos es, a decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un mecanismo de censura indirecta. Dicho mecanismo de control político ha sido parte medular de la relación entre medios y gobierno a lo largo de la historia de Puebla, sin importar partido o grupo en el poder. Una muestra reciente de ello ocurrió con la llegada de Rafael Moreno Valle al poder ejecutivo en 2011, pasando por sus sucesores Antonio Gali en 2017 y Martha Érika Alonso en 2018, y se confirma con en el gasto publicitario del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y del constitucional de Miguel Barbosa –sin obviar que de antaño gobernadores priístas como Mario Marín, Melquiades Morales, Manuel Bartlett, Mariano Piña, Guillermo Jiménez y sus antecesores hayan usado la publicidad oficial como una herramienta de control para evitar críticas y ataques de cualquier índole, así como para preservar y –de preferencia– mejorar su imagen pública. El grupo en el poder, entonces, busca mantener el control mediático en los tiempos electorales para su propio beneficio. En muchos casos, la operación electoral es complementada con la operación mediática de acuerdo con sus intereses.
En tiempos electorales hay medios que ofrecen su línea editorial a favor del candidato del partido del gobierno en turno o a quien consideren seguro ganador de la elección de gobernador. El cambio de grupo en el poder no modificó este comportamiento. En 2018 la línea editorial en favor de la candidata oficial y la denostación del candidato opositor cambió radicalmente al año siguiente, al momento en que ese candidato opositor generó la percepción de que ganaría irremediablemente la elección a gobernador. Esto hace inequitativa una contienda electoral y contribuye a construir el ambiente que rodea y favorece al “clientelismo electoral”.
De todo esto deriva una serie de cuestiones que deben debatirse en todos los órdenes del proceso político. El acto mismo del voto, que hoy es libre y no obligatorio; las leyes y su cumplimiento, las instituciones de procuración de justicia, su independencia y autonomía respecto del poder ejecutivo; los medios de comunicación, la dependencia absoluta en el gasto público para su sobrevivencia y una falta total de reglamentación.
La compra del voto o la financiación ilegal de las elecciones mexicanas es la punta del iceberg de un fenómeno de descomposición mayor que incluye desde luego desigualdades sociales, pero también dinámicas históricas paternalistas en las que los mexicanos nos hemos acomodado acríticamente; podemos reprochar a quien vende su voto, pero sin atisbo de mala conciencia compramos mercancía pirata (que es muy probable que sea robada o contrabandeada) o sobornamos al agente de tránsito, al burócrata corrupto y después nos quejamos de que son unos ladrones. Es una incómoda fotografía de un país que se queja mucho –y hace poco– en un asunto crucial para la calidad de nuestro futuro: la elección de las autoridades. No da lo mismo quién gane y no todos son iguales. La democracia, con todos sus defectos, es –parafraseando al filósofo Karl Popper– la única forma en que los ciudadanos pueden quitar a sus malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Corrijamos sus errores. Cuidémosla.
Extracto de la Conclusión del libro Dinero Ilegal, elecciones al mejor postor en Puebla. Episodio 2: 2019, de Alejandro Guillén, PCCI, 2020